Glasbel del Carmen Belandria Pernía
La Ley Orgánica Procesal del Trabajo es un cuerpo normativo que se enmarca dentro de los sistemas jurídicos más avanzados del mundo, producto del esfuerzo y empeño de un equipo conformado por los miembros de la Sala de casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, presidido y coordinado por el magistrado Omar Alfredo Mora Díaz, actualmente presidente del TSJ, quien junto a los magistrados Juan Rafael Perdomo y Alberto Martín Urdaneta, elaboraron el texto de la Ley y lo presentaron para ser aprobado en Sala Plena del Máximo Tribunal de la República en junio de 2000, discutido y aprobado posteriormente por la Asamblea Nacional, que lo remitió al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela para su promulgación; ubicándonos en el primer lugar en el mundo en mediación y justicia laboral.
Pero todo no es fácil, así lo vivieron los proyectistas, quienes después de una batalla ardua contra los escépticos lograron el objetivo trazado, que era la aprobación de la Ley y su implementación exitosa, luego de jornadas incansables de divulgación del proyecto, resultado de los postulados constitucionales, entre otros: el acceso a la justicia, especialidad de la materia, con privilegio por la resolución de conflictos por los medios alternativos de solución, con audiencias orales y públicas. Razones por las cuales el proceso laboral en la primera instancia se dividió en dos fases: la primera en Sustanciación, Mediación y Ejecución, instituyéndose en ésta la Audiencia Preliminar, caracterizada por la privacidad y dirigida a lograr el advenimiento de las partes bajo la dirección de un juez profesional, capacitado en medios alternativos de solución de conflictos –mediación- considerada como la fase estelar del proceso. Y, la segunda, la de juicio, a cargo de un Tribunal que debe pronunciarse sobre el fondo de la controversia, previa audiencia oral y pública.
Nace este sueño de justicia por la necesidad de un cambio en el proceso laboral, que estaba caracterizado por una administración de justicia burocrática, lenta, ineficaz e ineficiente, como consecuencia, a la carencia de un texto procesal especial, y por las múltiples materias que conocía cada juez de la República. Pero ahora hay un cambio de paradigma, porque, la hoy cada día más conocida Ley Orgánica procesal del Trabajo, patentiza los principios constitucionales de un Estado democrático, Social de Derecho y de Justicia.
Nuestro estado fue favorecido con la tercera etapa de la implementación, comenzando en abril de 2004 con la selección y capacitación de todo el personal que integraría la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, que fue creada con la Resolución Número 0146-2004 de fecha 9 de septiembre de 2004 y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.034, de fecha 30 de septiembre del mismo año. Los jueces para su selección participaron en el Tercer Curso de Capacitación dictado en la ciudad de Caracas, quienes intervinimos en el curso, nos contagiamos con la motivación y el entusiasmo de los redactores de la LOPT, y hoy día formamos parte activa de la lista de los jueces laborales de los distintos Circuitos Judiciales del Trabajo.
La Coordinación del Trabajo del estado Mérida fue inaugurada con dos (2) sedes: una en la ciudad de Mérida, el 22 de octubre de 2004, la cual está constituida por seis (6) tribunales, cinco de Primera Instancia, que cumplen funciones: dos (2) en Sustanciación, Mediación y Ejecución y tres (3) en Juicio; y uno (1) Superior – Segunda Instancia-; Y una sede alterna ubicada en la ciudad de El Vigía, inaugurada el 3 de diciembre de 2004, e integrada por dos (2) Tribunales de Trabajo de Primera Instancia, uno (1) en funciones de Sustanciación, Mediación y Ejecución, y uno (1) en Juicio.
Todos los que laboramos en la Coordinación del Trabajo del estado Mérida nos consideramos servidores públicos, la meta es cumplir y dar respuesta al pueblo, liderados por la Coordinadora del Trabajo, Jueces, abogados asistentes, secretarios, alguaciles, asistentes y auxiliares administrativos, técnicos audiovisuales, contabilistas, quienes con su calidad humana y encarnando en su espíritu ser la imagen del funcionario del Poder Judicial que se quiere, reciben día tras día a cada justiciable y abogado que acude a nuestras sedes, marcando las pautas de cambio y mejoras en la administración de justicia.
