
Por: Abg. Silvia Yohanna Bustamante
Afirma la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su Artículo 25 (1), que: "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.". En este sentido y en el ámbito laboral, nuestro Estado, ejerciendo su potestad de ser garante de los intereses de los trabajadores, progresivamente ha adoptado las medidas legislativas, a los fines de lograr la efectividad en el cumplimiento de este derecho de alimentación, que tiene por objeto, mejorar la calidad de vida del trabajador, a través de una nutrición adecuada, que es la base de la productividad, el fortalecimiento de la salud, la seguridad y la estabilidad laboral, que son intereses compartidos por el gobierno, los empleadores, los sindicatos y los trabajadores.

